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Todos somos urbanistas

16 abril, 2016 CDMX, Espacio Público, Urbanismo

Por Román Meyer Falcón (@MeyerFalcon)

Los monopolios, en general, son fallas del mercado; o bien, están sustentados en un privilegio de orden legal. En ambos casos, el resultado es la existencia de un proveedor único de algún bien o servicio. La consecuencia provoca daños directos a los consumidores en la economía, pues se genera menor variedad de productos (lo que limita la libertad de elegir), se presentan mayores precios y menor calidad. En fin, mientras el monopolista gana, los consumidores pierden. De ahí, que la política para combatir los monopolios tenga como fin mejorar las condiciones de los mercados en beneficio de los consumidores.

El símil de los monopolios en la economía lo encontramos en la política, en los regímenes autoritarios monopolizan toda acción pública cancelando la participación de la ciudadanía en la definición del interés general. Por otro lado, las democracias tienden a generar espacios de participación e incidencia en el diseño e instrumentación de las políticas públicas, generando mayores beneficios a la ciudadanía (mejores políticas, que se pueden cambiar si no funcionan, que se evalúan, etc.). En el caso de nuestro país, después de más de 70 años de un régimen autocrático, llevamos relativamente poco tiempo tratando de pasar del centralismo y la monopolización de las decisiones a la participación ciudadana. Por lo anterior, hay espacios de avance y otros que francamente no se han tomado en cuenta.

Un ejemplo es la política de gestión urbana, donde esperaríamos que se ejerciera en consonancia con los ciudadanos y los habitantes de las ciudades, con el fin de buscar un crecimiento adecuado, ordenado, equitativo, y sustentable que favorezca el bien común. Sin embargo, una buena parte de la clase política que gestiona y administra nuestras ciudades lo hace de manera incongruente, sin planes integrales, sin participación ciudadana, y, con frecuencia, sumido en actos de franca corrupción. Los ejemplos sobran, como el fraccionamiento Vista del Campo, en Santa Fe, o el desarrollo de las torres de Aramburuzabala en Polanco, o la actual destrucción del manglar Tajamar en Cancún por un desarrollo inmobiliario, y un largo etcétera. Todos los casos muestran que los organismos regulatorios acaban siendo capturados por los grupos de desarrolladores que son capaces de imponer, sobre el conjunto social, sus propias reglas de urbanización.

El problema es grave, pues existen extensas zonas urbanas en todo el territorio nacional que parecieran destinadas al olvido, carentes de infraestructura básica, sin viabilidad futura. Como muestra de lo anterior, en el 2014, según datos del INEGI, de 53 millones de mexicanos que fueron clasificados como pobres, casi el 70% habitaban zonas urbanas, 21 millones carecían de acceso a servicios básicos en la vivienda y, otros 19 millones, de servicios de salud. Por otro lado, aquellas ciudades fronterizas con procesos de híper crecimiento, como son Ciudad Juárez o Tijuana, que concentran casi la mitad de la población en esta frontera () , el mayor número de instalaciones de maquila y, de atracción de capital (i.e. Inversión Extranjera), tienen un 38% y un 33% respectivamente de su población en situación de pobreza e inadecuada infraestructura urbana () .

Los mismos problemas se reflejan en el desarrollo interurbano y las zonas de confluencia metropolitana. No existen organismos reguladores del uso de suelo o de planeación interurbana que tengan las competencias necesarias para hacer una adecuada planeación conjunta. Estos órganos son constantemente sometidos por grupos con claros intereses de extraer una alta renta del suelo urbano para su beneficio a costa de generar regiones inequitativas, desarticulada, inseguras y fragmentadas.

La viabilidad de un mejor modelo de desarrollo metropolitano va depender, en gran parte, de romper con una inercia: actuar bajo el supuesto de que el ciudadano no tiene la capacidad, tiempo, conocimiento o interés en gestionar su propio ámbito urbano. Con base en esta idea muchas autoridades gestionan a su gusto y placer nuestras ciudades. Si las batallas políticas son batallas de percepciones, debemos romper esta idea que predomina en la mayoría de órganos o dependencias gubernamentales que las administran. La sociedad deberá hacer una mayor presencia y presión sobre estos organismos, exigiendo trasparencia y rendición de cuentas. Empezar a desarrollar y mejorar los mecanismos de participación ciudadana, como son las consultas populares, la concertación, y el acuerdo. Buscar herramientas más simples, eficaces, y masivas de coparticipación; que rompan con estructuras clientelares.

Busquemos diseñar y poner en marcha estrategias y regulaciones innovadoras, plataformas tecnológicas que de modo constante nos den información sobre cómo puede el ciudadano ejercer su derecho a opinar y gestionar su propio espacio. Adoptemos proyectos como New urban mechanics en la ciudad de Filadelfia que busca generar soluciones tecnológicas de bajo costo y alto impacto a problemas urbanos, con base en la participación y colaboración ciudadana. Entre las herramientas que incluye la plataforma está la vigilancia ciudadana a la solicitud de fondos para mejoras en los espacios públicos. Este tipo de prácticas indican que todos somos urbanistas, y que no se requiere de un título para tener una clara idea de cómo mejorar nuestro entorno. 

La única forma de revertir y romper con este monopolio gubernamental sobre la importantísima tarea de lograr desarrollos urbanos integrales y bien planeados a largo plazo es hacer uso de lo mejor que nos ofrecen las ciudades: la posibilidad de magnificar las fortalezas humanas. Con una mayor y constante presión ciudadana en búsqueda de una mayor participación, debemos buscar un nuevo modelo de gestión urbana que imponga calidad y rendición de cuentas, para lograr una influencia decisiva sobre cómo distribuir los usufructos del suelo, la localización de la infraestructura y los servicios, en beneficio del “interés propio” de quienes habitamos las ciudades y no del de unos cuantos. Sin embargo, el “interés propio”, según Joseph Stiglitz, entendido adecuadamente, es el poner atención en el bienestar de los demás ya que el bienestar de uno finalmente depende de la dicha del otro.

http://www.paho.org/SaludenlasAmericas/index.php?option=com_content&view=article&id=63%3Aunited-statesmexico-border-area&catid=21%3Acountry-chapters&Itemid=63&lang=en

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Informacion-por-Municipio.aspx

Publicado en: http://www.animalpolitico.com/blogueros-c-al-cubo/2016/04/25/todos-somos-urbanistas/

Escrito por: Román Meyer Falcón

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