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Propiedad privada y Estado de Derecho

28 febrero, 2018 Estado de Derecho, Libertad, Propiedad privada

Por: Bernardo Altamirano (@beraltamirano)

Los grandes próceres y pensadores mexicanos del S. XIX buscaron darle forma institucional a nuestra nación independiente, para lo cual estudiaron las principales formas de gobierno de su época, entre las cuales optaron por un sistema coincidente con el de Estados Unidos. Auténticamente pensaron que este aspecto era suficiente para darle viabilidad cívica, unidad, crecimiento y prosperidad a México. Sin embargo, fue incompleta su atención a uno de los contenidos y principios fundacionales que ha incentivado a los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, a las industrias florecer, a los emprendedores innovar y a todos construir un Estado de Derecho: la propiedad privada.

Los fundadores de EUA se inspiraron en el gran filósofo liberal inglés John Locke, para quien los hombres en su estado natural pactan para sacrificar algunas de sus libertades en beneficio de la protección de sus propiedades, las cuales abarcan vida y tierras. ¿Y cómo se adquiere la propiedad? Para Locke, todo lo que cambie de su estado natural a las cosas mediante la incorporación del trabajo, es lo que la convierte en propiedad privada. De esta manera, existe una clara asociación entre propiedad y trabajo, lo que representa las bases para un esquema que gira en torno a la productividad como pilar de la generación de riqueza. Esta concepción tiene múltiples efectos. En primer lugar, fue el centro de gravedad en torno al cual se construye toda la estructura del Estado, con el objetivo de protegerla, trabajarla y acrecentarla. Segundo, es la base que sustenta una gran variedad de modelos de transacciones basados en la confianza y consentimiento entre pares, desde la palabra, hasta los más sofisticados contratos. Tercero, fue el cemento en muchas comunidades, pues vinculó propiedad con la participación en toma de decisiones colectivas, semilla de las democracias modernas. Es un proceso que va del individuo hacia la colectividad, y no viceversa.

Esta profunda cultura de propiedad privada contribuyó de manera notable a que las personas defendieran sus derechos ante cortes, integradas por otros ciudadanos, y cuyas resoluciones se impusieran aún en contra de los más poderosos. En efecto, el Common Law es un sistema legal que se basa en precedentes de casos de la vida real, en donde los ciudadanos tienen incentivos para defender un conjunto de derechos y responsabilidades, los cuales consideran como su patrimonio común -Law of the Land. La defensa de la propiedad también dio pauta a toda una rama del derecho para reclamar por daños a la misma (Tort Law). Todo esto genera un principio de autogobierno y responsabilidad individual a los ciudadanos, quienes tienen altos incentivos en evitar dañar a terceros, así como confianza para asistir a las cortes, en caso de ser afectadas sus propiedades. Por último, mucho se ha avanzado en el estudio de los efectos de las externalidades, por efectos indeseables derivados del uso de propiedades. No es una casualidad que los principales pensadores que han estudiado a éstas provengan de países del Common Law y que contribuyan a desarrollar una escuela de regulación basada en riesgos y responsabilidades, no tanto en una de mandatos unilaterales.

Esta visión sobre la propiedad privada no fue desarrollada aquí por los colonizadores españoles, quienes se basaron en un modelo de posesión -no propiedad-, denominado encomienda. Ya como Nación independiente, los liberales avanzaron con la agenda de la separación Iglesia-Estado con la desamortización de bienes eclesiásticos, pero no dieron un paso contundente ni integral a favor de la noción de propiedad privada. La Constitución de 1917 representó un grave retroceso en torno a este principio, al incluir modelos como el ejido o posteriormente monopolios públicos, que sirvieron para avanzar en un modelo corporativo y de control político, basado en intereses difusos e incluso extremos como la "gratuidad" de lo público, más que en el de una construcción de derechos y libertades, como la base de un crecimiento y progreso.

No podemos seguir ignorando la intrínseca relación entre propiedad privada y Estado de Derecho. Uno de los debates más importantes en México es el de la naturaleza y efectos de la propiedad privada, en torno al cual podremos reconstruirnos a través de un proceso horizontal que fortalezca la confianza interpersonal, en el ámbito del derecho privado, no desde un modelo utópico estatista y vertical. Incluso es el momento de valorar encaminarnos al Common Law. En este contexto, la iniciativa de reforma al Art. 27 constitucional presentada por el senador Francisco Búrquez es un punto de partida para repensarnos, fortalecer la propiedad privada, nuestras libertades, democracia y así, el Estado de Derecho. Es el momento de concluir la tarea que iniciaron los más grandes liberales mexicanos.

Publicado en: Reforma (28/02/2018)

Escrito por: Bernardo Altamirano Rodríguez

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