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Lo que debes de saber de la reforma a la ley de protección al consumidor

15 febrero, 2018 Consumidores, Profeco, Regulación

Por Carlos Martínez Velázquez (@carlosmartinezv)

El pasado 11 de enero de 2018 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, un paquete de reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) con las que se busca fortalecer la actuación de la Profeco. Entre lo que más se ha destacado en los medios de comunicación está el aumento del monto de multas y las nuevas facultades sancionatorias de la institución. Si bien esos temas son importantes, los cambios a la Ley son mucho más profundos y que tienen más repercusión sobre el bienestar de los consumidores.

Los cambios sustantivos a la ley se pueden dividir en los siguientes rubros:

Sobre el primer punto la reforma amplía los elementos informativos para los consumidores en algunos sectores comerciales. Por ejemplo, a los proveedores que ofrezcan sus bienes y servicio a través de canales electrónicos se les obliga a informar sobre las características de los bienes, los términos y condiciones de la oferta, los mecanismos para presentar quejas y los mecanismos de pago y entrega. Además, obliga a que los portales de comercio electrónico cuenten con mecanismos para proteger los datos e identidad de los consumidores, soporte de prueba de la transacción, mecanismo para aceptar la transacción (debe quedar claro al consumidor en qué momento se le cobra). En general, estos mecanismos de información pueden fortalecer la confianza del consumidor en el comercio electrónico y con ello incrementar las ventas que hay por este canal.

En cuanto a la información sobre los productos, la Profeco refuerza sus facultades para hacer llamados a revisión y verificar la seguridad de los productos. Esta agenda se ha desarrollado de manera incipiente en México, pero ahora hay una buena oportunidad para que las empresas y las autoridades trabajen juntos en el tema . Como bien escribía Bernardo Altamirano: “la empresa debe hacer ver al consumidor el valor de los productos que cumplen con estas regulaciones y sean razón para preferir su compra”.

Otros elementos sobre información a los consumidores que aporta la reforma son los concernientes a la publicidad. Desde ahora los proveedores no podrán anunciar que tal o cual producto está avalado por alguna asociación profesional “cuando éstas carezcan de la documentación apropiada que soporte con evidencia científica, objetiva y fehaciente, las cualidades o propiedades del producto o servicio” (Art. 32, LFPC). Sin embargo, los proveedores podrán utilizar en su publicidad los resultados de las investigaciones, encuestas y monitoreos de la Profeco siempre y cuanto “señalen de manera visible, clara, veraz y comprobable, el medio y la fecha de publicación” (Art. 44, LFPC). Además, los proveedores podrán someter su publicidad a la revisión de Profeco (“copy advice”) antes de difundirla, lo que es un elemento para evitar la publicidad engañosa.

Sobre el tema de compensaciones y garantías, hay que destacar que éstas se amplían y se establecen nuevas compensaciones. Por ejemplo, se establece que la garantía mínima no podrá ser inferior a 90 días (Art. 77, LFPC), es decir, 30 días que en la normatividad anterior. Además, cuando el consumidor opte por la reposición de un producto (por ejemplo, cuando no corresponda a la calidad, marca o especificaciones ofrecidas) este deberá ser nuevo (Art. 92, LFPC). Lo anterior implica, que los proveedores deberán revisar a profundidad sus contratos y políticas de garantía a los consumidores.

Finalmente, en el tema de multas y sanciones la Profeco adquiere nuevas herramientas, como la facultad de ordenar el arresto administrativo por 36 horas como medida de apremio (Art. 25, LFPC). Lo anterior, puede ser muy preocupante, porque dan mayor discrecionalidad a la autoridad y puede derivar en actos de extorsión por parte de los verificadores a los negocios. Es por ello, que la Procuraduría debe reglamentar de forma clara y transparente los casos en los que proceda el arresto y demás medidas de apremio, cerrar las brechas de discrecionalidad es una forma de evitar la corrupción.

En el tema de multas éstas serán consideradas créditos fiscales y las podrá cobrar la Profeco (Art. 134 BIS, LFPC). Esto es relevante pues se tendrá mayor transparencia sobre la efectividad jurídica de la Procuraduría y los proveedores podrían enfrentar repercusiones fiscales en caso de no cubrir sus multas.

Como se puede ver es una reforma amplia y que fortalece en términos generales a la Procuraduría. Aunque el impulso que da esta nueva legislación a la Profeco contrasta con la constante rotación de titulares que ha tenido durante esta administración y la falta de una política integral en el tema. Sin embargo, esta es una oportunidad para que la Procuraduría dialogue con la sociedad civil y las empresas.

Al final, el objetivo compartido deber ser mantener un mercado en el que se respeten las reglas y se eviten malas prácticas. Todos debemos entender que los derechos de los consumidores se protegen mejor no con multas, sino con un mercado en competencia donde los proveedores se distingan por la atención y servicio a sus clientes y las quejas sean algo extraordinario. Pero para eso, aún nos falta mucho.

*Director de Central Ciudadano y Consumidor, A.C. (@centralcyc) Publicado en Animal Político

Escrito por: Carlos Martínez Velázquez

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