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La corrupción cuesta vidas

16 septiembre, 2017 9s, CDMX, Corrupción, Urbanismo

Por: Carlos Martínez Velázquez (@carlosmartinezv)

El sismo 19S ha puesto ante nosotros una realidad de la corrupción: construcciones recientes que quedaron colapsadas ante el fenómeno. Con permisos apócrifos y un largo etcétera, se deben analizar esos casos y fincar responsabilidades. La tragedia nos obliga a reflexionar sobre las políticas públicas que se han hecho para mitigar y manejar los riesgos de construcciones de vivienda. Un conteo del periódico Reforma señalaba que al menos 7 edificios nuevos (menos de 15 años de antigüedad) resultaron con daños estructurales derivado de los sismos. Inmobiliarias y constructoras de estos edificios han respondido que van a “hablar” con los dueños, parece que desean eludir la responsabilidad. Del otro lado, las autoridades deben rendir cuentas, pues es claro que en el otorgamiento de permisos o la agilización de trámites hubo actos indebidos.

Posterior al terremoto de 1985 se reformó la normativa de construcción en la CDMX y vemos que cuando hay cumplimiento se garantiza la seguridad de las personas. Edificaciones realizadas con esta nueva normativa, y sus modificaciones, y que sufrieron daños (colapso o daño estructural) son estampas de corrupción: el “moche” que seguramente pide algún delegado o director de obras, los permisos apócrifos que se consiguen con gestores, el helipuerto en Nuevo León 238 en la Condesa donde no se permitía, el soborno de inmobiliarias para que les permitan construir edificios fuera de especificaciones, el jacuzzi en la escuela Enrique Rébsamen, el edificio que familias todavía no estrenaban en la colonia Portales, entre otros. Además, está el poco cuidado que ponen los compradores de vivienda en las exigencias de seguridad; en un estudio publicado en 2016, los autores (Reinoso, Jaimes y Torres, 2016) reportaban que una de las dificultades que encontraron fue que los dueños de los departamentos no los dejaron hacer pruebas de sismicidad, pues decían que sus edificios no las necesitaban. Es decir, entre la corrupción y la apatía ciudadana no se ha podido construir una agenda urbana basada en la seguridad y menores riesgos para sus habitantes.

En este espacio, hemos siempre impulsado una visión regulatoria simplificada, que genere competencia, que proteja derechos y que sea fácil de cumplir para los agentes privados. Entre más trabas y barrocas sean las regulaciones, su cumplimiento se vuelve difícil y se abren espacios para la discreción de la autoridad y la corrupción. En una reciente nota de El Universal, el presidente del Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México señalaba que la excesiva regulación genera corrupción. Además, la complejidad ha hecho que las verificaciones y certificaciones se deleguen a terceros y existan conflictos de interés entre desarrolladores y sus inspectores a modo. En conclusión, la normatividad es difícil de cumplir, de hecho, no se cumple o no se tiene la documentación de que se haga correctamente (Reinoso, Jaimes, y Torres, 2016).

Uno de los problemas principales es que la regulación se ha diseñado sin una perspectiva de derechos humanos. En lugar de privilegiar la seguridad de sus habitantes, el derecho a la vivienda, espacios públicos, etc., se ha invertido en privilegiar a las inmobiliarias e impulsar el desarrollo económico. Ambos objetivos no deberían de estar contrapuestos, por el contrario, deberían equilibrarse y complementarse. No sólo se requieren construcciones más seguras y con más tecnología, sino espacios urbanos habitables, dignos, y ordenados. Incluso esfuerzos que apuntaban hacia esa dirección, como la anterior Norma 26 de vivienda social de la Ciudad fueron pervertidos al amparo de las autoridades, para privilegiar intereses particulares. Al parecer, la democratización del Distrito Federal y de la Ciudad de México, sólo ha puesto más manos a las cuáles repartir rentas. Un sistema corrupto que no está a la altura de los ciudadanos que lo dan todo para rescatar a sus vecinos en una tragedia y personas que ahora tendrán que enfrentar un engorroso trámite para reclamar daños e indemnizaciones.

Ante la tragedia inmobiliaria que vive la ciudad, proponemos lo siguiente:

  1. Hacer un censo completo de edificios dañados y verificar el cumplimiento normativo. Se deben de identificar el total de edificios con daños estructurales y derrumbes, verificar en el registro público de la propiedad los permisos y remodelaciones, y contrastar con la norma vigente al año de su construcción. Con esa información dividir los grupos de inmuebles por norma vigente (pre-85, pre-2004 y posterior). Se deberá contar con dictámenes oficiales para saber si hubo desviaciones respecto de la norma y buscar fincar responsabilidades a servidores públicos.

  2. Agilizar el mercado de renta de vivienda. El Gobierno de la CDMX podría convertirse en aval solidario para todas las personas que perdieron su vivienda, con el fin de que los que lo perdieron todo puedan rentar prácticamente de forma automática sin requisitos engorrosos. En el futuro se debería de agilizar el mercado de rentas, por ejemplo, podría bastar con no tener puntos negativos en el buró de crédito para que te rentaran sin necesidad de avales.

  3. Activar los seguros que acompañan los créditos hipotecarios y hacerlos válidos. Los ciudadanos que perdieron sus casas en edificios recientes seguramente siguen pagando su crédito hipotecario. Éstos, normalmente vienen acompañados de un seguro que cubre daños e incluso desastres naturales, si cuenta con estas cláusulas hacerlas válidas y asesorarse para cobrar estos gastos. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros los puede orientar al respecto.

  4. Robustecer y complementar el sistema de verificación administrativa de vivienda. Es claro que el sistema está rebasado y genera discrecionalidad y espacios para la corrupción. Se debe involucrar a las aseguradoras, por ejemplo, los constructores y desarrolladores de vivienda deberían de contar con un seguro de construcción que incluya el cumplimiento normativo. Ninguna aseguradora privada lo otorgaría a quienes no cumplan, pues resultaría caro y riesgoso. Con ese seguro el gobierno podría ahorrar en verificaciones. Por otro lado, debe fortalecer a sus propios verificadores con capacitación continua, mejores salarios, y un seguro de responsabilidad civil sobre sus dictámenes.

  5. Impulsar medidas de autorregulación. Las cámaras y asociaciones de empresarios del ramo de la construcción y las inmobiliarias deben impulsar programas de auto cumplimiento de la ley. Ese debería ser su principal deber, y no como hasta ahora que se dedican a ser gestores del gremio para impedir regulaciones o dar la vuelta a la ley. En caso de que una autoridad verificadora encuentre aleatoriamente que un agremiado no cumplió con las normas, las cámaras y asociaciones deberían expulsarlo y etiquetarlo, para evitar que los consumidores le compren. Hay que hacer costos económicamente el violar la ley.

  6. Generar conciencia en la población. Los ciudadanos deben estar conscientes de los riesgos inherentes a las condiciones geográficas de la Ciudad de México. Se requiere que se publique el Atlas de Riesgos de la CDMX y se hagan transparentes las estrategias para enfrentarlos y mitigarlos. Además, los consumidores de vivienda deben exigir el cumplimiento normativo de desarrolladores y leer cuidadosamente los contratos de compraventa y tener claros sus derechos y obligaciones. En esto último, instituciones como la BBB México los puede orientar.

Con estas propuestas el gobierno, la iniciativa y la ciudadanía podremos superar la crisis y tener una mejora permanente en el largo plazo. Se requiere aprender de los desastres e iniciar una verdadera revolución urbana que haga la ciudad más vivible, más digna y a la altura de sus habitantes. Es insostenible el modelo de extracción de rentas y desorden que se han generado en los últimos 20 años en la CDMX.

P.D. Una felicitación y un agradecimiento eterno a todos los que han participado como voluntarios en distintos frentes ante el sismo 19S.

Referencias

Eduardo Reinoso, Miguel A. Jaimes & Marco A. Torres (2016) Evaluation of building code compliance in Mexico City: mid-rise dwellings, Building Research & Information, 44:2, 202-213, DOI: 10.1080/09613218.2014.991622

Publicado en: http://www.animalpolitico.com/blogueros-c-al-cubo/2017/09/26/la-corrupcion-cuesta-vidas/

Escrito por: Carlos Martinez Velázquez

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