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Central Ciudadano y Consumidor logra un Histórico Amparo de la Justicia Federal a favor de los Consumidores de Empresas de Redes de Transporte

2 octubre, 2019
CCyC
         

Resumen

Quienes somos/Motivaciones

Central Ciudadano y Consumidor (Central) es una organización sin fines de lucro que reúne a expertos nacionales e internacionales para generar ideas y propuestas de política pública en temas económicos y sociales. Particularmente, la organización se dedica al estudio de los fenómenos de competencia y regulación en el mercado. La visión de la organización es la de poner al consumidor en el centro del debate público y analizar conjuntamente sus derechos con las dinámicas de competencia y regulación. Por lo anterior, conocemos la visión de consumidores, empresarios, autoridades y otras organizaciones sociales que han participado en este complejo debate.   El día diecinueve de diciembre de 2017, la Organización presentó una demanda de amparo indirecto contra la aprobación, publicación y promulgación de la reforma al Artículo 12 Bis de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, contenida en el Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Puebla el día 6 de noviembre de 2017, habida cuenta de que dicho artículo vulneraba el derecho de los consumidores de los servicios de transporte que se contratan mediante el uso de aplicaciones de los dispositivos móviles a pagar la prestación del servicio recibido mediante dinero en efectivo, lo que atenta en perjuicio de los usuarios, contra lo establecido en los artículos 1º, 25 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   Sobre el artículo 12 Bis de la Ley de Puebla.   Al impedirse el pago en efectivo y establecer que solamente se podrá pagar los servicios mediante el uso de tarjetas de crédito o débito, el artículo impugnado resulta discriminatorio en perjuicio de toda aquella persona que necesita de los servicios que ofrecen las empresas referidas, pero que por diversas razones no tiene acceso al sistema financiero nacional.   Hay que considerar no solamente que la gran mayoría de la población no tiene acceso a los servicios que ofrece la banca, sino que la prohibición de pagar con dinero en efectivo establece, de facto, una barrera que discrimina indebidamente a un sector de la población: No sólo se discrimina por razones raciales o religiosas; también se discrimina a partir de motivos económicos, como es el caso.   Prever la restricción para el cobro en efectivo no sólo constituye una medida discriminatoria, sino que además contraviene el principio de progresividad de los derechos humanos, habida cuenta de que está estableciendo una restricción al ejercicio de un derecho humano de los gobernados-consumidores, que previo a la entrada en vigor de la Ley no existía.   Aunado a lo señalado, en virtud del principio de indivisibilidad, el artículo impugnado vulnera en perjuicio del suscrito y de todo consumidor de los servicios que ofrecen las empresas de redes de transporte, los derechos humanos a la competencia y a la libre competencia, pues el hecho de introducir en la legislación local la limitante de que las empresas de redes de transporte solamente puedan recibir pagos electrónicos, genera el riesgo de generar un monopolio, con todas las consecuencias negativas que ello conlleva.   La eliminación del dispositivo 12 Bis de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla fomentará que pequeñas empresas encuentren nichos de servicios para conectar con los consumidores y así generar un mercado competido, donde el mayor beneficiario sea el usuario, el consumidor.   Permitir única y exclusivamente el pago por medios electrónicos resulta una barrera a la entrada, que solo beneficia a la empresa dominante y perjudica a las empresas pequeñas y, en concomitancia, a los consumidores.   El artículo impugnado contribuye al debilitamiento y cierre de pequeñas empresas de redes de transporte, lo que se traduce en un fortalecimiento desmedido e injustificado de la empresa predominante que genera, en el mediano y largo plazo, precios más altos, menos oferta y menos diversidad en el servicio, en perjuicio de los consumidores.   Etiquetas: Competencia, ERT, Libertad

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