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2021: El año para dejar de ignorar la seguridad de los pacientes

7 enero, 2021 Derecho a la Salud, Paciente Estable, pacientes, Salud, Seguridad del Paciente

Con independencia de la emergencia sanitaria, el Estado se encuentra obligado a seguir ofreciendo a los pacientes servicios de atención médica que necesitan —consultas, cirugías y medicación—, en condiciones que garanticen su seguridad.

Los retos que enfrentaron los sistemas de salud en el mundo durante el año que concluye fueron numerosos. Un nuevo virus altamente contagioso para el cual no existía tratamiento ni vacuna, llevó a los gobiernos a tomar medidas —algunos mejor que otros— para paliar las afectaciones económicas y a la salud pública que enfrentaron y continúan enfrentando sus países.

En México, los desafíos más relevantes durante estos meses, aunados a la preexistente falta de medicamentos, han sido la falta de equipos de protección personal (EPP), el incremento en la demanda de ventiladores mecánicos, la falta de personal altamente especializado y la saturación hospitalaria. Para atenderlos, el gobierno ha emitido más de una veintena de Decretos y Acuerdos, y más de 45 instrumentos administrativos como lineamientos, guías y recomendaciones.

La reconversión hospitalaria fue concebida como una acción necesaria para atender de manera directa parte de estos desafíos. Sin embargo, se dio en un contexto plagado de vaguedades, ausencias normativas y falta de supervisión por parte de la Secretaría de Salud que no articuló debidamente las medidas emanadas del Consejo de Salubridad General. Ello comprometió de manera directa tanto la seguridad de los pacientes contagiados del nuevo virus como la del personal de salud encargado de atenderlos.

Por otro lado, esta deficiente articulación de la reconversión hospitalaria ha tenido efectos negativos indirectos para todas aquellas personas que estaban siendo atendidas en las instalaciones reconvertidas. Muchos pacientes que, pese a no estar infectados con el virus, han visto comprometida la evolución de su estado de salud por falta de atención o seguimiento.

Son numerosas las notas y reportes (principalmente respecto a la situación en el sector público) sobre cirugías que se han dejado de programar, la suspensión de consultas de especialidad o de tratamientos de padecimientos crónicos cuyo mecanismo de dispensación ha sido cambiado o incluso suspendido sin consentimiento o supervisión médica, entre otros problemas asociados a la reconversión hospitalaria derivada de la pandemia.

Debido a que la seguridad del paciente surge desde el momento en que una persona elige o acude a recibir servicios de atención médica, esta no puede disociarse del derecho a la salud. Identificar qué elementos componen normativamente la seguridad del paciente conlleva una tarea compleja según el caso que se desee analizar, pero es claro que las normas y los principios que dan contenido al concepto de seguridad del paciente no se extinguen por el hecho de encontrarnos en una condición extraordinaria como la pandemia.

Al contrario, estos elementos cobran mayor relevancia pues, por un lado, debiesen ser la base para la atención hospitalaria o domiciliaria de las personas contagiadas de Covid-19 y, por otro, tendrían que ser la referencia inmediata para la que los integrantes del Sistema Nacional de Salud puedan continuar brindando los distintos servicios de atención médica a quienes no están contagiados y así garantizar las condiciones de seguridad necesarias para que el estado de salud de las personas no se deteriore.

Cabe recordar que el Estado tiene el deber de adoptar medidas que garanticen el disfrute del más alto nivel posible de salud de las personas; es decir que, con independencia de la emergencia sanitaria, el Estado se encuentra obligado a seguir ofreciendo a los pacientes servicios de atención médica que necesitan —consultas, cirugías y medicación—, en condiciones que garanticen su seguridad. No hacerlo puede traducirse no solo en la pérdida de más vidas humanas o en el deterioro irreparable de estas, sino también en la responsabilidad internacional por parte del Estado mexicano. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es amplia y consistente en condenar a aquellos Estados que, por acción u omisión, han incumplido sus deberes y con ello propiciado daños prevenibles en la salud de las personas, como pudieran ser no recibir un tratamiento de manera oportuna o la medicación adecuada para el padecimiento de las personas.

El inicio de un nuevo año, en que los retos para la seguridad de los pacientes sin Covid-19 continuarán, hace necesario que se redoblen esfuerzos por estrechar y diseñar interacciones entre los distintos sectores del Sistema Nacional de Salud para que las personas que por la pandemia han dejado de recibir algún servicio de salud, puedan recibirlo de manera oportuna. En particular, un área de oportunidad es la adquisición de medicamentos e insumos en la que la incertidumbre respecto a la claridad, transparencia y viabilidad de los procesos de compra ha sido constante, y que puede comprometer la evolución o estado actual de salud de muchos pacientes del sector público el próximo año. De no construir estos puentes entre sectores las afectaciones indirectas del virus podrán ser tan o más graves que aquellas ocasionadas por este; y por ende la responsabilidad del Estado será aún mayor.

David J. Sánchez Mejía*

*Profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM

@davosmejia

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